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Una de las múltiples ventajas, cuando se obtiene la plaza en una oposición, es la que movilidad de los funcionarios permite, después de acumular la experiencia necesaria, cambiar de lugar de trabajo. Pero, ¿cómo? ¿Qué implica esto?

 

En qué consiste la movilidad de los funcionarios

 

La movilidad laboral consiste en solicitar, por diferentes motivos del empleado que lo desea, el cambio de puesto de trabajo dentro de las administraciones públicas. Sin embargo, esto no quiere decir que esta movilidad sea voluntaria al 100%, ya que, en algunas ocasiones, el funcionario puede estar obligado a ello.

Aunque el funcionario puede solicitar dicha movilidad, las administraciones contemplarán su situación e intentarán adecuarse a la misma. Sin embargo, antes que nada, la administración velará por sus necesidades e intereses. Por tanto, será la que establezca las normas de la movilidad voluntaria cuando considere que existan sectores prioritarios con necesidades específicas de efectivos.

De hecho, se suelen convocar habitualmente concursos de traslados en los Ministerios correspondientes, con lo que el funcionario puede presentarse también a ellos para cambiar de puesto de trabajo.

El procedimiento más habitual es a través del concurso de méritos, ya que las condiciones de igualdad entre los funcionarios que se presentan se rigen por el mérito y la capacidad.

 

Cómo solicitar la movilidad laboral de los funcionarios públicos

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La movilidad funcionarios de carrera se puede dar por unidad de servicio o funcionales, a unidades, departamentos u organismos públicos o unidades distintos a las de su destino respetando, siempre, sus condiciones laborales.

En caso de que esta movilidad implique un traslado de residencia del funcionario, se dará prioridad a la voluntariedad del mismo. Con estos traslados forzosos, la Administración indemnizará al empleado aplicando las reglas establecidas para ello.

Los motivos por los que se pueden pedir los traslados son diversos, así como los procedimientos utilizados para ello.

 

Movilidad voluntaria de funcionarios entre las Administraciones Públicas

 

Las Administraciones proponen medidas de movilidad para los funcionarios, de modo que se aprovechen al máximo los recursos humanos, garantizando por completo la eficacia de los servicios prestados a los ciudadanos. Así, tanto estas Administraciones como los propios empleados obtienen las ventajas para crear un buen ambiente laboral y eficaz.

Por lo tanto, los funcionarios pueden cambiar el puesto de trabajo y el lugar, siempre y cuando cumplan con los requisitos expuestos por la Administración. Esta es otra de las tantas ventajas de las que disfruta un empleado público, ya que permite conciliar su vida laboral y personal.

 

Finalización de contrato

 

La movilidad también se puede dar por finalización del contrato o de los servicios de dicho puesto, como ocurre con los de libre designación. Por lo tanto, si se solicita la movilidad, las Administraciones, en un plazo de un mes, comunicarán al empleado si se le ha asignado otro puesto o no. Mientras, seguirá realizando las funciones en la Administración en la que se encuentre.

 

Motivos especiales para alegar la movilidad de los funcionarios

 

Existen casos especiales y extraordinarios en los que la movilidad de los empleados públicos se tiene que garantizar por parte de la Administración.

 

Movilidad por motivos de violencia de género, violencia sexual

 

En el Capítulo III del Estatuto Básico del Empleado Público y, dentro de él, en el artículo 82 establece que, para hacer efectiva la protección de las mujeres que sean víctimas de violencia de género o sexual y que por este motivo tengan que trasladarse de localidad, tendrán derecho a este traslado, que será considerado traslado forzoso.

Si no hubiera un puesto igual al que desempeñan, tienen derecho a trabajar en otro puesto “propio de su cuerpo, escala o categoría profesional de análogas características”, sin tener que esperar a que haya una vacante de necesaria cobertura.

Para ello, se le deberán comunicar dónde están ubicadas las vacantes, tanto en la misma localidad como en las localidades que la interesada solicite.

Además, la Administración estará obligada a proteger los datos de la víctima y de sus descendientes o personas que están bajo su custodia.

 

Movilidad por motivos de violencia terrorista

 

Si se solicita por el funcionario, será motivo de movilidad forzosa en el caso de que este, su pareja o hijos, hayan sufrido daños físicos o psíquicos en un atentado terrorista, así como los funcionarios amenazados, tendrán derecho al traslado “cuando la vacante sea de necesaria cobertura o, en caso contrario, dentro de la comunidad autónoma.

Igualmente, se deberán proteger los datos de la víctima, así como los de sus descendientes.

 

Movilidad de los funcionarios por motivos de salud

 

Al contrario que en casos anteriores, no está regulado en el Estatuto Básico del Empleado Público, sino en la Resolución de 29 de marzo de 2019, de la Secretaría de Estado de Función Pública, en la que se define como un procedimiento de carácter extraordinario.

En esta resolución se concede el translado de los funcionarios que lo soliciten a causa de discapacidad sobrevenida o de agravación del grado de discapacidad y, también, por motivos de salud y rehabilitación, así como a sus cónyuges e hijos.

Para que este traslado sea concedido se deberá aportar toda la documentación que se especifica en la resolución, en la que se incluye, por supuesto, el certificado médico.

La Administración tendrá que resolver la petición en tres meses si no es necesario la “creación, modificación o desconcentración de un puesto”. Si esto fuera necesario, el plazo se puede ampliar a seis meses.

 

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