La intención de este post es dar a conocer la normativa vigente en materia de acceso a las oposiciones para discapacitados. Un tema que muy pocos opositores conocen, su importancia y las ventajas que supone para los futuros empleados.

En un mundo que avanza cada día un poco más hacia el respeto de la vida humana y la integración de la diferencia, la discapacidad es tomada en consideración para facilitar la participación de todas las personas. Tanto en la medida de sus posibilidades, en la vida social y su desenvolvimiento en todas las actividades habituales de las personas.

Es evidente que, en ese marco, la integración social de las personas con discapacidad pasa por su integración en el mundo laboral. El ejercicio de una actividad laboral aporta numerosos beneficios personales. No solo los económicos, sino también otros que, especialmente en el caso de estas personas, suponen un valor fundamental en sus vidas. Son un reconocimiento de su valía. Pues permiten la expresión de las propias capacidades intelectuales o físicas. En la medida en que generan logros y reconocimiento, cumplen la función de elementos de desarrollo de la personalidad que la Constitución preconiza.

 

La integración social de las personas con discapacidad pasa por su integración en el mundo laboral. Clic para tuitear

 

 

Normativa de acceso a las oposiciones para discapacitados

 

oposiciones-para-discapacitadosEl ordenamiento jurídico español reconoce el principio de igualdad con una orientación de justicia. Esto significa: igual para los iguales, distinto para los más necesitados. Así, en particular, el artículo 9.2 de la Constitución dispone que: «Corresponde a los poderes públicos promover las condiciones para que la libertad y la igualdad del individuo. Y de los grupos en que se integra, sean reales y efectivas, así como remover los obstáculos que impidan o dificulten su plenitud y facilitar la participación de todos los ciudadanos en la vida política, económica, cultural y social».

Esa “remoción de obstáculos” que la Constitución proclama se concreta en el caso de los discapacitados en favorecer su inclusión a través de medidas facilitadoras (“medidas de acción positiva”).

Un primer intento de dar respuesta al mandato constitucional fue la  Ley 13/1982, de 7 de abril, de integración social de la minusvalía. Ésta estableció en su artículo 38.3 que “en las pruebas selectivas para el ingreso en los Cuerpos de la Administración del Estado, Comunidades Autónomas, Administración Local, Institucional y de la Seguridad Social, serán admitidos los minusválidos en igualdad de condiciones con los demás aspirantes”.

Algo más tarde, apareció la Ley 23/1988, de 28 de julio, a través de su Disposición Adicional Decimonovena. Aquí se estableció una primera reserva para las personas con discapacidad en las ofertas de empleo público no inferior al 3% de las vacantes.

El artículo 59 del Estatuto Básico reservó un cupo no inferior al 5% en las oposiciones para discapacitados, remitiendo a las distintas Administraciones Públicas para las adaptaciones que se requieran. Y, finalmente, la Ley 26/2011 elevó el porcentaje de reserva al 7%, modificando el Estatuto.

 

Formas y plazos de participación en los procesos selectivos

 

 

En cuanto a las formas y plazos de participación en los procesos selectivos, fue el Real Decreto 364/1995, de 10 de marzo, el primero en introducir en los procesos selectivos la participación de personas con minusvalía. Ordenando, al efecto, las necesarias adaptaciones en cuanto a plazos y recursos necesarios para garantizarla.

El siguiente paso se produjo a impulsos de la Directiva 2000/78/CE, de 27 de diciembre de 2000. Dispone específicamente la prohibición de discriminación en el empleo por discapacidad, y obliga al establecimiento de medidas positivas de igualdad de oportunidades y la adopción de ajustes razonables que remuevan las barreras u obstáculos en el acceso al empleo y en las condiciones de trabajo en cualquier forma de actividad laboral.

La trasposición de esta normativa a nuestro ordenamiento tuvo lugar mediante el Ley 53/2003, de 10 de diciembre, sobre empleo público de discapacitados. Además, vino a coincidir en el tiempo con la Ley 51/2003, de 2 de diciembre, de igualdad de oportunidades, no discriminación y accesibilidad universal  de las personas con discapacidad (LIONDAU).

El desarrollo reglamentario de la Ley 53/2003 dio lugar al Real Decreto 2271/2004, de 3 de diciembre. Por el que se regula el acceso al empleo público de las personas con discapacidad, de aplicación a los procedimientos de acceso al empleo público y provisión de puestos de trabajo del personal al que se refiere el artículo 1.1 de la Ley 30/1984. Y es éste reglamento el que dispone, en su artículo 3, el régimen de las convocatorias con reserva de plazas para personas con discapacidad.

 

El Real Decreto 2271/2004, de 3 de diciembre es el que regula el acceso al empleo público de las personas con discapacidad. Clic para tuitear

 

Derechos e integración social en las oposiciones para discapacitados

 

Finalmente, la regulación esencial se realiza a través del Real Decreto Legislativo 1/2013, de 29 de noviembre, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley General de los Derechos de las personas con discapacidad y de su inclusión social, que, en su artículo 37, remite a lo dispuesto en el resto de la normativa reguladora de la materia.

Así, para la determinación del porcentaje de discapacidad resulta de aplicación el Real Decreto 1979/1999, de 23 de diciembre. Regula el procedimiento para el reconocimiento, declaración y calificación del grado de minusvalía.

El apartado 2 del artículo 14 del Real Decreto Legislativo 1/2013, de 29 de noviembre establece: “Además de lo establecido en el apartado anterior, y a todos los efectos, tendrán la consideración de personas con discapacidad aquellas a quienes se les haya reconocido un grado de discapacidad igual o superior al 33 por ciento. Se considerará que presentan una discapacidad en grado igual o superior al 33 por ciento los pensionistas de la Seguridad Social que tengan reconocida una pensión de incapacidad permanente en el grado de total, absoluta o gran invalidez. Por otro lado a los pensionistas de clases pasivas que tengan reconocida una pensión de jubilación o de retiro por incapacidad permanente para el servicio o inutilidad. Las normas que regulen los beneficios o medidas de acción positiva podrán determinar los requisitos específicos para acceder a los mismos”.

 

La importancia de la integración en nuestro sistema

 

Como síntesis, podemos decir que nuestro ordenamiento jurídico, partiendo del principio de igualdad constitucional ha generado un sistema complejo para facilitar la integración de las personas más allá de sus especiales dificultades o, incluso, en razón de ellas. Y que, resultado de su desarrollo, se han articulado mecanismos. En primer lugar, para facilitar y promover la inserción laboral. Y, en segundo, se ha desarrollado, igualmente, un sistema jurídico-administrativo. Este es orientado a facilitar el acceso de estas personas a la función pública. Esto garantiza expresamente a través del sistema de cuotas o reserva de plazas en los sistemas selectivos de acceso. De esta manera, las especiales dificultades que conlleva el padecimiento de una menor capacidad, física o intelectual, se ve “compensado” por la previsión de unos mínimos que, en todo caso, tienen que cubrir las administraciones públicas en la selección de personal.

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