¡Hola, opositores! Desde Centro Innova te contaremos todos los detales de las oposiciones para discapacitados. Este tema es muy poco conocido por los opositores, así como su importancia y las tantas ventajas que supone para los futuros empleados.

Descubrirás la nueva normativa vigente en materia de acceso para estas oposiciones, así como su legislación actual vigente.

¿Estás preparado? ¡Empezamos!

 

La integración social de las personas con discapacidad pasa por su integración en el mundo laboral. Clic para tuitear

 

Oposiciones para todo el mundo

 

En un mundo que avanza cada día un poco más hacia el respeto de la vida humana y la integración de la diferencia, la discapacidad es tomada en consideración para facilitar la participación de todas las personas. Tanto en la medida de sus posibilidades, en la vida social y su desenvolvimiento en todas las actividades habituales de las personas.

Es evidente que, en ese marco, la integración social de las personas con discapacidad pasa por su integración en el mundo laboral.

El ejercicio de una actividad laboral aporta numerosos beneficios personales tanto económicos como de otra índole que supone un valor fundamental para la vida de estas personas. Son un reconocimiento de su valía. ¿Y por qué? Te preguntarás. Pues estos permite la expresión de las propias capacidades intelectuales y/o físicas. Asimismo, en la medida en que generan logros y reconocimiento, cumplen la función de elementos de desarrollo de la personalidad que la Constitución preconiza.

 

Las ofertas de empleos públicos ofrecen las mismas posibilidades a todos, independientemente de su condición.

 

Legislación y normativa de acceso a las oposiciones para discapacitados

El ordenamiento jurídico español reconoce el principio de igualdad con una orientación de justicia. Esto significa: igual para los iguales, distinto para los más necesitados.

Así, el artículo 9.2 de la Constitución manifiesta que:

 

«Corresponde a los poderes públicos promover las condiciones para que la libertad y la igualdad del individuo. Y de los grupos en que se integra, sean reales y efectivas, así como remover los obstáculos que impidan o dificulten su plenitud y facilitar la participación de todos los ciudadanos en la vida política, económica, cultural y social».

 

Esa “remoción de obstáculos” que la Constitución proclama se concreta en el caso de los discapacitados en favorecer su inclusión a través de medidas facilitadoras (“medidas de acción positiva”).

oposiciones-para-discapacitadosUn primer intento de dar respuesta al mandato constitucional fue la  Ley 13/1982, de 7 de abril, de integración social de la minusvalía. Ésta versa sobre que:

 

“En las pruebas selectivas para el ingreso en los Cuerpos de la Administración del Estado, Comunidades Autónomas, Administración Local, Institucional y de la Seguridad Social, serán admitidos los minusválidos en igualdad de condiciones con los demás aspirantes”.

 

Algo más tarde, apareció la Ley 23/1988, de 28 de julio, a través de su Disposición Adicional Decimonovena. Aquí se estableció una primera reserva para las personas con discapacidad en las ofertas de empleo público no inferior al 3% de las vacantes.

El artículo 59 del Estatuto Básico reservó un cupo no inferior al 5% en las oposiciones para discapacitados, remitiendo a las distintas Administraciones Públicas para las adaptaciones que se requieran. Y, finalmente, la Ley 26/2011 elevó el porcentaje de reserva al 7%, modificando el Estatuto, poniendo medidas tales como:

 

Medidas correspondientes

 

Algunas de las medidas dispuestas en el artículo de las oposiciones para discapacitados son:

  • Personal temporal: obligación legal de cubrir plazas con personal discapacitado también en las convocatorias de selección de personal temporal.
  • Adaptación: adaptar los puestos de trabajo que solicite el candidato en cualquier procedimiento de adjudicación.
  • Destinos: se le dará preferencia en la elección de destino en los procesos de acceso a personal funcionario a los aspirantes que presenten algún tipo de discapacidad. Pero, ¡OJO! Siempre con por un motivo justificado.

 

Formas y plazos de participación en los procesos selectivos

 

Cabe comentar que fue el Real Decreto 364/1995, de 10 de marzo el primero en introducir en los procesos selectivos la participación de personas con minusvalía. Ordenando, al efecto, las necesarias adaptaciones en cuanto a plazos y recursos necesarios para garantizarla.

Otro impulso vino de la mano de la Directiva 2000/78/CE, de 27 de diciembre de 2000. Manifiesta la prohibición de discriminación en el empleo por discapacidad, obligando el establecimiento de medidas positivas de igualdad de oportunidades y la adopción de ajustes razonables que remuevan las barreras u obstáculos en el acceso al empleo y en las condiciones de trabajo en cualquier forma de actividad laboral.

La trasposición de esta normativa a nuestro ordenamiento tuvo lugar mediante el Ley 53/2003, de 10 de diciembre, sobre empleo público de discapacitados. Además, vino a coincidir en el tiempo con la Ley 51/2003, de 2 de diciembre, de igualdad de oportunidades, no discriminación y accesibilidad universal  de las personas con discapacidad (LIONDAU).

El desarrollo reglamentario de la Ley 53/2003 dio lugar al Real Decreto 2271/2004, de 3 de diciembre. En él se regula el acceso al empleo público de las personas con discapacidad, de aplicación a los procedimientos de acceso al empleo público y provisión de puestos de trabajo del personal al que se refiere el artículo 1.1 de la Ley 30/1984. Y es éste reglamento el que dispone, en su artículo 3, el régimen de las convocatorias con reserva de plazas para personas con discapacidad.

 

El Real Decreto 2271/2004, de 3 de diciembre es el que regula el acceso al empleo público de las personas con discapacidad. Clic para tuitear

 

Derechos e integración social en las oposiciones para discapacitados

 

oposiciones-para-discapacitados

Finalmente, la regulación esencial se realiza a través del Real Decreto Legislativo 1/2013, de 29 de noviembre, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley General de los Derechos de las personas con discapacidad y de su inclusión social, que, en su artículo 37, remite a lo dispuesto en el resto de la normativa reguladora de la materia.

Para la determinación del porcentaje de discapacidad resulta de aplicación el Real Decreto 1979/1999, de 23 de diciembre. Regula el procedimiento para el reconocimiento, declaración y calificación del grado de minusvalía.

El apartado 2 del artículo 14 del Real Decreto Legislativo 1/2013, de 29 de noviembre establece:

 

“Además de lo establecido en el apartado anterior, y a todos los efectos, tendrán la consideración de personas con discapacidad aquellas a quienes se les haya reconocido un grado de discapacidad igual o superior al 33%. Se considerará que presentan una discapacidad en grado igual o superior al 33 por ciento los pensionistas de la Seguridad Social que tengan reconocida una pensión de incapacidad permanente en el grado de total, absoluta o gran invalidez.

 

«Por otro lado a los pensionistas de clases pasivas que tengan reconocida una pensión de jubilación o de retiro por incapacidad permanente para el servicio o inutilidad. Las normas que regulen los beneficios o medidas de acción positiva podrán determinar los requisitos específicos para acceder a los mismos”.

 

 

 

La importancia de la integración en nuestra academia de oposiciones

 

Como conclusión, podemos decir que nuestro ordenamiento jurídico, partiendo del principio de igualdad constitucional, ha generado un sistema complejo para facilitar la integración de las personas más allá de sus especiales dificultades o, incluso, en razón de ellas. Y que, resultado de su desarrollo, se han articulado mecanismos.

En primer lugar, para facilitar y promover la inserción laboral. Y, en segundo, se ha desarrollado, igualmente, un sistema jurídico-administrativo. Este es orientado a facilitar el acceso de estas personas a la función pública.

Esto garantiza expresamente a través del sistema de cuotas o reserva de plazas en los sistemas selectivos de acceso. De esta manera, las especiales dificultades que conlleva el padecimiento de una menor capacidad, física o intelectual, se ve “compensado” por la previsión de unos mínimos que, en todo caso, tienen que cubrir las administraciones públicas en la selección de personal.

Si tú también quieres ser funcionario, estás en el lugar indicado. Desde Innova, academia de oposiciones de Madrid, nos encargamos de guiarte para que consigas tu plaza. Solicita información en el formulario y te resolveremos todas tus dudas acerca de las oposiciones.

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