Movilidad de los funcionarios 2026

La movilidad es el mecanismo mediante el cual el personal funcionario puede cambiar de puesto, destino, adscripción u órgano dentro de la Administración Pública. En el ámbito del funcionariado de carrera, contempla tanto opciones voluntarias como traslados forzosos o reubicaciones motivadas por necesidades del servicio. En definitiva, permite ajustar recursos humanos a las necesidades organizativas, garantizando al mismo tiempo la continuidad del estatus y derechos del funcionario.

Se rige por el Estatuto Básico del Empleado Público (EBEP), principalmente en su capítulo sobre provisión de puestos de trabajo y movilidad.

 

Principios legales y normativa vigente

Normativa base

• El Real Decreto Legislativo 5/2015, que contiene el texto refundido del EBEP, dedica el capítulo III a la provisión de puestos de trabajo y movilidad. Ahí se establecen los principios aplicables: igualdad, mérito, capacidad, publicidad, transparencia.

• El artículo 81 del EBEP regula concretamente la “movilidad del personal funcionario de carrera”, con las modalidades admisibles, y bajo condiciones que respeten sus derechos retributivos.

• Para personal laboral (no funcionario), también hay regulación específica de movilidad bajo los convenios colectivos correspondientes.

Principios rectores

• Igualdad, mérito y capacidad: los procedimientos de movilidad deben regirse por criterios objetivos y públicos.

• Publicidad: los concursos o convocatorias de movilidad deben anunciarse con antelación suficiente.

• Respeto de retribuciones: al ser trasladado, el funcionario no debe ver alteradas sus condiciones esenciales ni sus retribuciones base.

• Necesidad del servicio: la Administración puede justificar traslados por razones organizativas, funcionales o de urgencia, dentro de los límites legales.

 

Modalidades de movilidad

Las principales modalidades de movilidad para los funcionarios de carrera son:

 

Supuestos especiales de movilidad

Existen casos de movilidad especial o singular que la normativa contempla explícitamente:

• Movilidad por violencia de género, violencia sexual o terrorismo: se permite al funcionario trasladarse o cambiar de puesto hacia uno más seguro sin requerir que esté vacante, siempre que cumpla requisitos legales.

• Movilidad por motivos de salud / discapacidad: si el funcionario sufre una enfermedad, discapacidad o agravamiento que le impide continuar en su puesto actual, puede solicitar traslado preferente si existe vacante compatible.

• Movilidad obligada por necesidades del servicio: cuando la Administración justifica que necesita redistribuir recursos, puede trasladar funcionarios incluso sin solicitud expresa, siempre con motivación y respetando derechos.

 

Procedimiento habitual de movilidad

Para que la movilidad funcione con garantía y legalidad, se desarrollan estos pasos generales:

1. Publicación de la convocatoria de movilidad (traslados, permutas, adscripciones), con los requisitos y plazas disponibles.

2. Presentación de solicitudes por parte de los funcionarios interesados, aportando méritos, experiencia o necesidades especiales.

3. Evaluación de solicitudes conforme a baremo público y criterios objetivos.

4. Adjudicación de los destinos en orden de puntuación.

5. Publicación de la resolución y toma de posesión en el nuevo destino, respetando permisos, plazos y condiciones.

Las bases de cada convocatoria establecen plazos, requisitos de antigüedad, puntuaciones y mecanismos de impugnación o reclamación.

 

Desafíos y puntos críticos en 2026

Algunas de las dificultades más relevantes que enfrenta la movilidad de funcionarios actualmente, y que seguirán siendo reto en 2026, son:

• Escasez de vacantes adecuadas: muchas plazas no tienen suficientes vacantes disponibles para que todos los solicitantes puedan cambiar.

• Compatibilidad normativa entre administraciones: no siempre es sencillo coordinar movilidad entre Estado, comunidades autónomas y entidades locales por diferencias normativas.

• Costes de traslado / reubicación: si el destino implica cambio de residencia, los costes pueden ser una barrera real para los funcionarios.

• Resistencia burocrática y lentitud administrativa: procedimientos complejos, plazos largos y trámites excesivos pueden ralentizar las movilidades.

• Inequidades locales/regionales: en zonas con menor demanda o con pocos recursos, la movilidad puede quedar limitada.

• Garantía de condiciones retributivas y derechos: asegurar que el funcionario mantenga sus retribuciones y antigüedad es clave para evitar perjuicios.

 

Perspectivas y posibles reformas para 2026

Hacia 2026, podrían consolidarse algunas mejoras o cambios en la movilidad:

• Más convenios interadministrativos que faciliten la movilidad entre administraciones del Estado, comunidades y municipios.

• Digitalización de los procesos de movilidad para agilizar las solicitudes y adjudicaciones.

• Incremento de plazas para movilidad voluntaria, para fomentar la rotación del personal y optimizar recursos humanos.

• Normativas más protectoras en casos especiales (salud, discapacidad, violencia) que garanticen traslados más fluidos.

• Revisiones del baremo para dar más peso a méritos, equilibrio territorial y criterios de gestión del talento.

 

La movilidad de los funcionarios en 2026 continúa siendo una herramienta esencial para adaptar la Administración a sus necesidades, a la vez que garantiza derechos del personal. Aunque existen modalidades voluntarias y forzosas, el elemento fundamental es que se realice dentro de la legalidad, con criterios objetivos, garantía de retribuciones y con procesos públicos y transparentes.